• El artículo 39 del Reglamento de Firma Electrónica define claramente la orientación al interior de la administración del Estado: privilegiar el uso de la Firma Electrónica Simple en los documentos electrónicos, excepto en aquellos casos claramente establecidos.

Todos aquellos documentos que no constituyan “instrumento público”. Por ejemplo, para todos aquellos documentos intercambiados al interior de un servicio público, o para todas aquellas comunicaciones enviadas a ciudadanos que no sean instrumentos públicos.


  • La firma electrónica avanzada como obligatoria sólo para aquellos documentos que revistan la naturaleza de instrumento público o que se desea produzcan los efectos jurídicos de estos.

Los actos administrativos, formalizados por medio de documentos electrónicos y que consten en decretos o resoluciones, en acuerdos de órganos colegiados, así como la celebración de contratos, la emisión de cualquier otro documento que exprese la voluntad de un órgano o servicio público de la Administración del Estado en ejercicio de sus potestades legales y, en general, todo documento que revista la naturaleza de instrumento público o aquellos que deban producir los efectos jurídicos de éstos, deberán suscribirse mediante firma electrónica avanzada.